Juan Manuel Benítez

Religiosamente se puede estar de acuerdo o en desacuerdo con el matrimonio homosexual. Civilmente, la cosa se complica, porque cada vez es más difícil encontrar argumentos de peso para no autorizarlo. E históricamente pocos dudan que el futuro está de parte de sus defensores.

Argentina se convirtió la semana pasada en país pionero de Latinoamérica legalizando las uniones del mismo sexo, dando los mismos derechos – y obligaciones- a parejas heterosexuales y homosexuales.
Se une a otros países europeos, como España, Holanda, Portugal, Islandia, y en este hemisferio, a Canadá. En algunos de esos países, antes de su aprobación, se pronosticó la destrucción de la familia.

Por el momento no ha ocurrido. 

Antes de la votación en el Senado argentino, el cardenal Jorge Bergoglio se atrevió a decir que este proyecto de ley era “la pretensión destructiva del plan de Dios”. Con este tipo de argumentos apocalípticos, la Iglesia Católica sigue demostrando estar anclada en un pasado rancio y nocivo. Y cuando parece que se dispone a tomar un paso hacia el futuro –bueno, más bien hacia el presente- vuelve a decepcionar.

Ha vuelto a ocurrir hace unos días: tras años de escándalos, el Vaticano revisó sus normas internas para tratar los casos de abusos sexuales por parte de sacerdotes. Los juicios eclesiásticos serán más fáciles y rápidos. Se condenará duramente la simple posesión de pornografía infantil.  Y se amplia de diez a veinte años el estatuto de limitaciones, la ventana temporal en la que una víctima puede denunciar los abusos. Hasta ahí vamos bien… Luego viene la sorpresa.

Entre los “graves delitos” en la lista de estas nuevas normas,  junto con la pornografía infantil y los abusos, aparece también “el intento de ordenar mujeres sacerdotes”. Cómo se les ocurre mezclar una cosa con la otra, no lo entiendo.

Cuando pensábamos que estos jerarcas romanos por fin se venían con nosotros al siglo XXI, nos dejan bien claro una vez más que prefieren seguir viviendo en la Edad Media.