Juan Manuel Benítez

El miedo en el rostro de la activista Deycy Avitia contrastaba con la tranquilidad del concejal Ydanis Rodríguez. Ambos subían esposados a sendos furgones policiales este lunes, tras haber bloqueado el tráfico durante unos minutos frente a las oficinas federales de inmigración en el Bajo Manhattan. “Es necesario que más gente haga esto por nuestra comunidad”, gritaba la sindicalista Estela Vázquez, también entre los dieciséis arrestados por desobediencia civil.

Llama la atención lo civilizado del episodio: tras los discursos, el grupo de valientes, cogidos de la mano, se paraban en el asfalto dando la espalda al tráfico; unos minutos más tarde, un agente de policía daba aviso para que se dispersaran; ante la negativa, comenzaban a ser esposados y, en fila, conducidos sin resistencia a los furgones. La Policía hacía su trabajo y dejaba a los periodistas hacer el suyo. Tras un par de horas en el cuartel policial, eran puestos en libertad con citaciones judiciales por conducta desordenada. Las imágenes ya circulaban en los medios, sobre todo en la prensa étnica.

Un día más de lucha pro-reforma migratoria integral, caracterizada por el buen comportamiento de los que anhelan ser aceptados por una sociedad que no para de recordarles que no los quiere. Las encuestas indican que más del 70 por ciento de estadounidenses está de acuerdo con la ley SB 1070 de Arizona. Están dispuestos a enseñar sus papeles con tal de no tener que alojar a ese vecino que un día fue útil, pero que la crisis económica ha convertido en incómodo.

No sólo pasa aquí. En Europa, millones de inmigrantes que contribuyeron al crecimiento económico de los últimos años son ahora despedidos. Las fuerzas del mercado les arrastraron a tierras ajenas, y ahora les cierran las puertas sin ni siquiera decir gracias.

Actos como el del lunes ayudan a revitalizar el espíritu del movimiento pro-reforma; pero el impacto es casi nulo en los centros de poder de Washington.  Para ser tenidos en cuenta más de uno va a tener que portarse mal.